Ley 1409 de 2010: La Demanda, los resultados y sus consecuencias

Luego del debate que suscitó la ley 1409 de 2010 frente a los límites que impuso en el ejercicio de profesionales que no tuvieran en su título la palabra “archivística”, se han generado diversas iniciativas y programas. A continuación un breve resumen de las consecuencias de la ley y los nuevos retos de los profesionales en Ciencia de la Información y áreas afines.

Durante el pasado mes de agosto recibimos la preocupante y no tan inesperada noticia del pronunciamiento de la Corte Constitucional en donde la misma declaraba exequible la ley 1409 como respuesta a la demanda interpuesta en el 2014. Cabe señalar que dicha demanda no intentaba declarar inexequible la ley 1409 en su totalidad, sino modificar los límites que ella impuso al exigir que los procesos actuales de gestión documental solo podían ser  desarrollados por profesionales que tuvieran en su título la palabra “archivística”.

Este hecho, ha excluido del ejercicio profesional en archivos a profesionales que no tienen en su título la palabra “archivística” pero que dentro del programa académico se forman en el área de la gestión documental, incluyendo a historiadores, paleógrafos, filólogos, entre otros. Además la ley ha obligado al área de conocimiento de la información ha cerrarse a la interdisciplinariedad, confirmando con ella la incapacidad de un grupo específico de personas a fomentar el trabajo en equipo, la inclusión y el reconocimiento de otros saberes y profesiones que la complementan.

Un ejemplo claro, es la respuesta que dio a la demanda el Archivo General de la Nación, en ese entonces dirigido por el Señor Carlos Zapata, en donde afirmó en ese momento que en la misma “No se formula ningún reproche claro de constitucionalidad, sino meros juicios de valor por la presunta vulneración del Preámbulo de la Carta. Lo mismo ocurre respecto de los otros cargos que no superan los requisitos de admisión establecidos por la jurisprudencia constitucional. Con relación a la supuesta violación del derecho a la igualdad, los demandantes no lograron demostrar cómo ocurren los actos discriminatorios”. (AGN, 2015).

He afirmado que la repuesta recibida no fue del todo una sorpresa pues una vez conocida la carta emitida por el procurador general de la nación. En ella,  además de demostrar su ignorancia frente al tema tratado y firmar un documento que evidentemente él no escribió, dejó muy en claro la capacidad de los propulsores de la ley por lograr escalar y lograr contactos estratégicos en el gobierno para llegar al punto de que un funcionario de este nivel firme un documento tan mal argumentado. (Puede consultar el documento completo en donde se exponen todos los puntos erróneos del procurador en su comunicado, en el artículo titulado: La Red de egresados en Ciencia de la Información le responde al Procurador. Artículo publicado en este boletín en el mes de Mayo).

La Sentencia C-531 de agosto 19 de 2015 dejó clara la incapacidad del gobierno para tomar decisiones justas frente a temas académicos como el que nos compete. Prueba de ello son algunas de las afirmaciones tomadas del acta de la Sentencia y en donde el magistrado Alberto Rojas Rios afirmó: “(…) con el acostumbrado respeto por las decisiones tomadas en Sala Plena, me aparto parcialmente de la Sentencia C-531 de 2015, puesto que los cargos propuestos contra el artículo 6º de la Ley 1409 de 2010, sí reunían los requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia constitucional para entrar a efectuar un análisis de fondo por violación de los derechos a la igualdad, al trabajo y la libertad de profesión, tal como se había considerado al momento en que fue admitida la demanda radicada bajo el número D-10588”.

La sentencia tampoco tuvo en cuenta el pronunciamiento del Ministerio de Educación quien declaro la ley inexequible y en donde en la misma sentencia se afirma que: “la Sala estableció que se configuraba la cosa juzgada constitucional con relación al desconocimiento de los artículos 13, 25, 26 y 53 de la Constitución del artículo 5 de la Ley 1409 de 2010, por la supuesta exclusión que se desprende de la norma en el sentido de prohibir el ejercicio de la archivística a los profesionales de carreras afines, ya que este asunto ya había sido examinado por la Corte en la sentencia C-239 de 2010 que declaró infundadas las objeciones presidenciales formuladas contra el proyecto de ley 036 de 2007 Cámara – 225 de 2007 Senado, que dio origen a la Ley 1409 de 2010”. (Sentencia C-531, 2015).

Como resultado a la fallida demanda de la Ley 1409 de 2010, los egresados de las áreas de la gestión de información y afines se verán beneficiados con la apertura de programas de postgrado que permitirán el acceso a profesionales a la tarjeta profesional, requisito igualmente promulgado en dicha ley. Los nuevos programas son la maestría en Archivística histórica y memoria de la Pontificia Universidad Javeriana y la Maestría en Archivística de la Universidad Nacional sede Medellín. Aunque estas iniciativas son clara respuesta la ley 1409, éstas igualmente contribuirán a la formación continua de los egresados y ampliarán la oferta de programas en el área, algo limitada en Colombia.

Puedes consultar el acta de promulgación de la Sentencia en el enlace http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-531-15.htm

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